En estos días ha salido a la luz el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el gobierno plantea para el próximo año 2016. Dejando de lado que nos encontramos a pocos meses de las elecciones generales y que, por lo tanto, estos ejercicios adquieren un inevitable carácter electoralista (que puede verse, por ejemplo, en la subida a la partida de Cultura, que tan poco ha interesado al Gobierno en estos años) o que el propio gobierno ha incumplido gran parte de sus promesas a lo largo de estos cuatro años, lo que reduce la fiabilidad de sus proyectos, nos hemos preguntado cuanto dinero se destina a la partida de Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico (337).
Esta partida se divide, a su vez, en tres partes:
- 337A. Administración del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional
- 337B. Conservación y restauración de bienes culturales
- 337C. Protección del Patrimonio Histórico
Cada partida recae en distintos ministerios, como puede verse en la siguiente imagen:
La primera de las partes se enfoca a la financiación de la administración del Patrimonio Histórico-Artístico del Estado y recae en el Ministerio de la Presidencia. En ella se encuentran los gastos de personal de Patrimonio Nacional, gastos corrientes en bienes y servicios, gastos protocolarios y representativos, subvenciones a los Reales Patronatos y a Fundaciones, Becas, una curiosa partida de 500.000€ para financiar las obras del Hipódromo de la Zarzuela, etc. Como vemos, en esta partida se incluyen todos los Bienes que pertenecieron a la Corona y que hoy son de todos. Esta partida en los presupuestos del año 2016 se nota un pequeño incremento, sobre todo en materia de gastos de personal y bienes y servicios. El mayor aumento estuvo, sin embargo, en el pasado ejercicio, en el año 2015, cuando aumentó enormemente el punto 6. de esta partida, dedicado a las Inversiones Reales (pasó de 110.414.530 € a 124.793.130 €) y que tiene mucha relación con las obras del Museo de las Colecciones Reales, que en teoría abrirá en 2016 (será conveniente ver si en los presupuestos de 2017 se mantiene la subida de esta partida que vemos desde 2015, pero es muy probable que no lo haga). De este modo, si analizamos el gasto en esta partida desde el año 2012 obtenemos el siguiente gráfico (el gasto del proyecto de los PGE y el gasto aprobado puede variar, por eso se presenta dividido también en la tabla):
La segunda parte se ocupa de las inversiones en conservación y restauración de bienes culturales y es competencia tanto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como del Ministerio de Hacienda. En ella se engloban parte de los gastos de personal y bienes y servicios de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas y la financiación de IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural de España). Esta partida es de una importancia fundamental porque de ella salen los fondos que se ocupan de las obras de consolidación, conservación y restauración de nuestro patrimonio (desde pinturas a lienzos de muralla). Así mismo, también se engloban en ella las transferencias a los consorcios «Ciudad de Santiago de Compostela», al de la Ciudad de Toledo y al de la Ciudad de Cuenca, entre otros. Esta partida ha sido progresivamente adelgazada, reduciéndose también en el presupuesto del año 2016, y recibiendo unos fondos que resultan irrisorios para el gran problema de conservación del Patrimonio que tenemos en nuestro país, y que queda reflejado en la Lista Roja del Patrimonio llevada a cabo por Hispania Nostra. En el siguiente gráfico se puede ver la evolución del dinero destinado a esta partida desde el año 2012:
La última parte está dedicada a la protección del Patrimonio Histórico -inversión real en prevención- y es la más adelgazada de todas, siendo competencia, también del Ministerio de Educación y Cultura. En ella se encuentra otra parte de los gastos en personal y bienes y servicios de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, la financiación dedicada al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en España para la elaboración de estudios sobre conservación de las ciudades declaradas Patrimonio Mundial, la aportación al Consorcio de Mérida para actuaciones Arqueológicas, ayudas a entidades locales para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial, etc. Destaca, además, el dinero público que -afortunadamente- se está inyectando a la Real Fábrica de Tapices, que se encuentra en una situación terriblemente comprometida. En los presupuestos del 2016 esta partida se reduce ligeramente, manteniéndose en un estancamiento pronunciado tras la caída que propició la Crisis. Resulta sorprendente, de nuevo, el poco interés que se pone a la protección del Patrimonio Histórico de nuestro país desde las partidas presupuestarias, siendo esta la parte que menos fondos recibe de toda la partida dedicada a Arqueología y Patrimonio. La siguiente gráfica muestra también la evolución del gasto en protección del Patrimonio Histórico desde 2012:
Si sumamos todos los fondos de la partida Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico (337) y comparamos también su evolución desde 2012 en una tabla, el resultado es el siguiente:
Con estos datos sobre la mesa encontramos dos problemas clave: la reducción, desde 2012, de los fondos dedicados a Arqueología y Patrimonio (como puede verse en la tabla anterior) pero, sobre todo, la reducción porcentual de fondos que se dedican a la Protección, Conservación y Restauración del Patrimonio. Éste último problema es muy preocupante y denota una forma de hacer política que pone por delante la explotación turística de los centros patrimoniales más relevantes y deja de lado la protección y conservación del patrimonio de las ciudades medianas o pequeñas y, por supuesto, de los pueblos y el entorno rural. En los dos gráficos que mostramos a continuación se observa muy bien este preocupante hecho:
El primer problema puede ser excusable por la Crisis desencadenada desde 2008, pero el segundo denota una mentalidad que busca la rentabilidad económica por encima de cualquier otra rentabilidad (social, cultural, patrimonial, natural, etc.) y que no entiende que el «rescate» del patrimonio que se encuentra en peligro supondrá, a la larga, la consolidación de centros de turismo sostenibles y descentralizados que contribuyan al desarrollo de las zonas más deprimidas de nuestro país. Resulta muy preocupante que las partidas dedicadas a la conservación, restauración y puesta en valor del Patrimonio -algo que los expertos consideramos cada vez más importante- se hayan visto porcentualmente reducidas, lo que demuestra que los intereses de los que nos gobiernan y los intereses de los expertos en Patrimonio no son coincidentes. Si preguntáramos al conjunto de la población es probable que coincidieran todavía menos. La gente ve cómo los castillos de sus pueblos se vienen abajo, sus proyectos arqueológicos se abandonan por falta de fondos, se cierran pequeños museos y se olvidan las villas rurales.
Está claro que no es sólo un problema de falta de dinero sino también de voluntad política a la hora de tomar las decisiones. Es momento de fomentar un modo de entender el patrimonio más humano, descentralizado y sostenible. Es posible huir de las exposiciones de pelotazo, de los circos mediáticos en torno a dudosos hallazgos arqueológicos y de la gestión del patrimonio en forma de parque de atracciones. Para ello hace falta educación patrimonial, conciencia social y voluntad política.
_____________________________________________
P.D.: Pese a que la postura del Gobierno Central es fundamental y que tiene concertadas muchas subvenciones, convenios y apoyos que afectan a los territorios, hay que recalcar que gran parte de las competencias en Patrimonio, también en protección, conservación y restauración, recaen en las Comunidades Autónomas, por lo que las políticas estatales no pueden por si solas cambiar la gestión patrimonial.
PAR - Arqueología y Patrimonio Virtual 